Minería ilegal en Perú genera más de US$ 1,000 millones al año que no pagan impuestos

El presidente del Comité Aurífero de la SNMPE, José Miguel Morales, precisó que de dicho monto alrededor de 750 millones de dólares están ligados a la explotación informal de oro.

Luego de inaugurar el II Foro Internacional: Problemática de la Extracción Ilegal de Minerales, organizado por la SNMPE, mencionó que la minería ilegal también se concentra en la explotación de cobre y plata.

Agregó que la SNMPE respalda las medidas y acciones que está realizando el gobierno para hacer frente a la minería ilegal, ya que se está extendiendo peligrosamente por todo el territorio nacional, ocasionando graves problemas ambientales, sociales y económicos.

“El Estado peruano no se está enfrentando a una minería de subsistencia sino a organizaciones ilícitas que financian las actividades de una minería ilegal que a su paso sólo deja destrucción pues viene arrasando bosques y contaminando ríos”, subrayó.

Precisó que en la actualidad se realizan actividades de extracción ilegal de minerales en 13 regiones, entre las cuales están Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Ancash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa.

“El Estado tiene el desafío de controlar esta ilícita actividad no solo porque quebranta la ley sino con el fin de proteger la biodiversidad, el ambiente y la salud de los peruanos”, aseveró.

También estimó que más de 100 mil personas están involucradas en la minería ilegal, y mujeres y niños son sometidos a un trabajo forzoso por los promotores de la extracción ilegal de minerales.

“La minería ilegal alienta la esclavitud de miles de personas que han sido captadas por su organización, para la cual no existen leyes laborales, de seguridad social y atención médica”, recordó.

Dijo que hace algunos años se evitó la instalación de una empresa minera formal en la zona de Tambogrande (Piura) y ahora se ha convertido en un peligroso foco de minería ilegal donde operan más de 15,000 mineros informales; mientras que en Madre de Dios esta ilícita actividad ha arrasado más de 18,000 hectáreas de bosques.

Por otro lado, mencionó que la aparición de los conflictos sociales está generando una mayor atención de los ejecutivos y técnicos de las empresas mineras.

“El 75 por ciento del tiempo de los ejecutivos de una minera se centra en atender la solución de los conflictos sociales, y eso ha cambiado respecto a lo que era hace 25 años cuando el 80 por ciento del tiempo se centraba en temas de producción y el resto en asuntos sociales”, precisó.

Finalmente, manifestó que las mineras tendrán que ajustar sus costos para asumir el alza del precio de los combustibles que usan, luego que el gobierno decidió excluirlos de los subsidios que otorga el Fondo para la Estabilización del Precio de los Combustibles Derivados del Petróleo.

(FIN) EBS/JPC/ANDINA